viernes, abril 11, 2008

El estado educador

Este escrito me ha salido largo, aviso a los perezosos.

Don Gregorio Peces-Barba publicó en el País del lunes 7 de abril, un artículo rebatiendo las razones consideradas por el Tribunal Superior de Andalucía para reconocer a unos padres el derecho a la objeción de conciencia frente a educación para la ciudadanía. En su día no comenté ese asunto por dos razones. Primero, no soy jurista y no dispongo de suficientes conocimientos sobre el particular, además, como no he cursado "educación para la ciudadanía" no poseo los estupendos recursos con los que contarán las futuras generaciones (contengan las risas, por favor, este es asunto serio). Segundo, porque presiento que el tema va para largo y hasta que no llegue al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no parará. Sin embargo, hay varias razones que me empujan a ser pesimista en todo este proceso. Las comentaré al hilo de lo sugerido por el insigne catedrático y padre de la patria constitucional.

El artículo, un poquito confuso, está adornado con citas de insignes pensadores, Bentham, Grocio, Locke, supongo que esta sombra de erudición contribuye a hacerlo más digerible entre los que se pasan la vida entre libros pero el contenido se limita a repetir un argumento muy simple: la educación para la ciudadanía está dedicada a la ética pública, la ética pública es competencia del estado y la ética pública no invade el espacio privado. ¿Es realmente así?

La educación tiene una indudable dimensión moral. Así lo ha reconocido la propia constitución que cuando define la educación introduce términos densos al hacer referencia a la plenitud: "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales" (art 27.2). Esta definición está casi calcada de la que existe en la declaración universal de los derechos humanos que presenta algunos matices interesantes que luego comentaré.

Junto a esta definición el propio texto constitucional identifica dos agentes educativos principales. Por una parte al Estado que es garante de una educación básica y por otra a los padres a los que reconoce el derecho preeminente en la formación moral y religiosa de sus hijos (art.27. 7 y 27.3).

Tenemos por lo tanto una única definición de educación en un texto legal, que podría conllevar problemas posteriores por contener un germen de totalidad, y dos agentes educativos principales el estado y las familias. Estos últimos están legalmente capacitados para la dirección libre de la educación moral de sus hijos no sólo a través de la constitución (at. 27.3) sino también de otros documentos internacionales con rango fundamental, (Declaración universal de los derechos humanos de 1948 (artículo 26.3), Declaración 36/55 de las Naciones Unidas de 25 de noviembre de 1981 (artículo 5), Pacto internacional de derechos civiles y políticos (Naciones Unidas) de 1966 (artículo 18.4), Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (Naciones Unidas) de 1966 (artículo 13.3), Convención sobre los derechos del niño (Naciones Unidas) de 1989 (artículo 14.2), Convenio europeo de derechos humanos de 1950 (art. 2 del Protocolo I), y Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (artículo 14). En la Carta se reconoce además que los padres no sólo tendrán libertad para elegir la formación moral y filosófica sino también modelos pedagógicos.

En estos textos fundamentales el papel del estado es el de garante de la educación "básica" pero nada más. Como "curiosidad" significativa en la declaración universal de los derechos humanos el estado aparece ligado al término de "instrucción" y los padres al de educación.

La interpretación de máximos que el estado suele hacer de sus responsabilidades ha provocado que las sucesivas leyes educativas que nacen de la constitución acentúen su papel de formador en la plenitud de los sujetos posibilitando que apareciesen, en algún momento, encontronazos con quienes quisieran defenderse de la imposición estatal

El preámbulo de la Ley Orgánica de Educación, continuando una corriente iniciada en la LOGSE, acentúa esta visión integral y omnicomprensiva para el sistema educativo del estado. Este ya no sólo se liga al respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales sino que pretende dirigir sus fines a la totalidad del desarrollo personal en todos sus ámbitos: "Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades" (LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). Hay que notar que en este párrafo la ley educativa no ya no puede interpretarse como referida a unas bases o a unos mínimos en ninguna de las esferas de la persona que, lógicamente, tendrán que ser definidas de alguna manera por un estado que pretende su desarrollo "máximo".

Así, es normal que, por ejemplo, entre los fines de la nueva asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, esté el desarrollo de competencias que van más allá de una instrucción en una moral universal. El propio Decreto de Mínimos dice: "La Educación para la ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable." (…) "Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social y se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, los derechos, deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana, los relativos a la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas" (BOE. Viernes, 5 de enero de 2007. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria ). O cuando en el mismo Real Decreto se dice que: "La Educación para la ciudadanía contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos ( BOE. Viernes, 5 de enero de 2007. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria )

Resulta indudable, creo, que "todavía" existen numerosas maneras legítimas, y también "todavía" legales, de ofrecer respuesta a esa integración.

La apertura de esta vía en una ley educativa repleta de referencias a palabras de significado controvertido alcanzará también a los criterios de evaluación que no se limitarán ya a la comprobación de los conocimientos adquiridos sino que van más allá y entran en la compleja evaluación de actitudes como parte de los criterios certificadores de la asignatura de educación cívica. Por ejemplo, las actitudes aparecen en los criterios de evaluación 1, 6, 7, y 8 de la asignatura de la ESO Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (BOE. Viernes, 5 de enero de 2007. REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria).

Una vez que hemos hecho del sistema educativo del estado un pretendido sistema de educación "integral". Cuando hemos mezclado lo afectivo junto con lo cognitivo. Cuando hemos evaluado lo actitudinal como elemento que forma parte de la nota de una asignatura, resultará difícil deslindar qué es lo que queda fuera o cómo debemos interpretar objetivos como el que viene descrito en el criterio de evaluación 4 de la asignatura de cuarto curso de la ESO, "Educación ético cívica" y que dice: "Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo (¿?) y el cumplimiento de los mismos". Desde luego ya no podemos saber si se está refiriendo a ética pública o si todos los individuos deben reconocer, postrándose quizás, a estos derechos como referente principal para dirigir su vida privada. Hemos acabado por borrar cualquier posibilidad de limitar los fines del estado al hablar en los objetivos de la asignatura de la profundización en la "ética personal" y no sólo social.

¿Alguien cree que es una asignatura de mínimos?¿Alguien cree que el estado es un educador de mínimos? ¿Todavía hay alguno que cree que no trata de domesticar? ¿Después de esta ley queda algo vetado al estado ahora o en un futuro próximo? ¿Alguien puede decirme dónde tiene prohibido meterse? El problema al que nos enfrentamos no es el que nos cuentan es el del conocimiento de una antropología sustantiva y ese conocimiento no puede ser objeto de la imposición del estado, al menos si seguimos creyendo que el ser humano es un ser libre. Lamentablemente, el afán pedagógico del estado no es sólo cosa nuestra.