lunes, enero 17, 2011

El Constitucional sale en defensa del fuerte

Lo reconozco. La sentencia del constitucional sobre el caso de los padres que educaban en casa a sus hijos y promulgada en diciembre del 2010 me saca de mis casillas. No puedo dejar de pensar en el núcleo central del asunto: unos padres que quieren lo mejor para sus hijos frente al una panda de burócratas que seguramente no conocen ni siquiera el nombre de los niños a los que dicen defender y que, apoyados en ideología sin demostrar, y esto resultará crucial en mi argumentación final, se imponen con la fuerza de la coacción y del aparato judicial a su servicio.

Recordaré sumariamente el asunto. Unos padres deciden desescolarizar a sus hijos y educarles en casa, los inspectores les denuncian porque no llevan a sus hijos a la escuela y no, y esto es relevante, porque quede demostrado feacientemente que la no escolarización suponga un perjuicio evidente en el desarrollo de los muchachos. Ellos recurren y finalmente el asunto llega al constitucional donde este dictamina que el estado tiene derecho a imponer la escolarización obligatoria. La sentencia que puede leerse completa aquí, comienza con un resumen de las actuaciones referidas al caso llevadas a cabo hasta el momento en otras instancias. Después de este resumen, que da para algunos comentarios que aquí no haremos para no recargar el texto más de lo que considero estrictamente necesario, la sentencia entra en los fundamentos jurídicos del fallo que realiza el propio TC.

Para la discusión de dichos fundamentos transcribiré literalmente párrafos del texto que comentaré seguidamente.

c) Una vez dicho esto, ha de precisarse a continuación que el examen de la queja aducida por los recurrentes conduce, en atención a lo que se acaba de señalar, a la necesidad de comprobar si la imposición normativa del deber de escolarización de los hijos de entre seis y dieciséis años, a cuyo cumplimiento sirven en el caso de autos las resoluciones judiciales impugnadas, es o no respetuosa con los derechos fundamentales alegados, resultando entonces procedente, a la vista del resultado que arroje ese examen, bien la desestimación del presente recurso de amparo, en caso de alcanzar una respuesta afirmativa, o bien la elevación de la cuestión al Pleno (art. 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), en el supuesto de que llegáramos a otra de signo contrario.

5. Así formulado el problema constitucional que plantea el presente recurso, podemos adelantar ya que el amparo ha de ser rechazado por dos razones, siendo la primera de ellas la de que la invocada facultad de los padres de elegir para sus hijos una educación ajena al sistema de escolarización obligatoria por motivos de orden pedagógico no está comprendida, ni siquiera prima facie, en ninguna de las libertades constitucionales que la demanda invoca y que el art. 27 CE reconoce. Esto es más que discutible pues la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que como tratado internacional ratificado forma parte de la legislación básica española con el mismo rango que la propia Constitución, dice en su artículo 14: "Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas."

El propio tribunal hace referencia a ese derecho a la elección en función de las convicciones pedagógicas en el punto 6 d) de su argumentación pero también se encarga de vaciarlo de contenido cuando dice: "d) Finalmente, a pesar de que en su art. 14 la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el "derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas", esta última precisión debe entenderse referida a aquellas opciones pedagógicas que resulten de convicciones de tipo religioso o filosófico, puesto que el art. 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea "se inspira tanto en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como en el artículo 2 del Protocolo Adicional al CEDH", sin que la referencia a las convicciones pedagógicas se encuentre entre las ampliaciones de este último precepto reconocidas en las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la Convención que redactó la Carta y actualizadas bajo la responsabilidad del Praesidium de la Convención Europea, y que, conforme establece la propia Carta el preámbulo y en su art. 52.7, han de servir a una interpretación genética de los derechos por ella reconocidos. Dicho en otras palabras, que la expresión "convicciones pedagógicas" son palabras vacías que el legislador debió introducir en una suerte de locura mental transitoria para estar a la moda y que sólo pueden invocarse si se las hace depender de convicciones filosóficas o religiosas. Llegados a este punto rogaría que algún amable lector me indicase si conoce algún tipo de opción pedagógica no resultante de convicciones de tipo religioso o filosófico. Estaré encantado de escucharlas.

"7. Además de por esta razón, el amparo solicitado debe desestimarse por un segundo motivo: incluso en el supuesto de que la decisión de no escolarizar a los hijos propios se entendiera en el caso de autos motivada por razones de orden moral o religioso y, en esa medida, encontrara acomodo en el contenido en principio protegido por el art. 27.3 CE, que es la disposición constitucional a la que los recurrentes adscriben principalmente la posición jurídica que invocan, la imposición del deber de escolarización de los niños de entre seis y dieciséis años (arts. 9.2 LOCE y 4.2 LOE), a cuya efectividad sirven las resoluciones judiciales recurridas, constituye un límite incorporado por el legislador que resulta constitucionalmente viable por encontrar justificación en otras determinaciones constitucionales contenidas en el propio art. 27 CE y por no generar una restricción desproporcionada del derecho controvertido. Je, je, je, esto sería gracioso si no fuese trágico. La escolarización obligatoria durante diez años y un curriculum que regula la vida de todos los individuos durante cinco horas al día, cinco días a la semana y nueve meses al año no restringe de manera desproporcionada el derecho controvertido, que no es otro que la libertad de elección en función de las convicciones religiosas filosóficas o pedagógicas. ¿qué sería una restricción desproporcionada? ¿el secuestro? !!!Pero si el tercer grado es menos restrictivo¡¡¡ Pero tranquilos que el desarrollo del punto 7 sigue.

a) El art. 27.4 CE dispone que la enseñanza básica será obligatoria, pero no precisa que ésta deba configurarse necesariamente como un periodo de escolarización obligatoria, de tal manera que la decisión del legislador de imponer a los niños de entre seis y dieciséis años el deber de escolarización en centros docentes homologados -y a sus padres el correlativo de garantizar su satisfacción-, lejos de ser una operación de pura ejecución constitucional, es una de las posibles configuraciones del sistema entre las que aquél puede optar en ejercicio del margen de libre apreciación política que le corresponde en virtud del principio de pluralismo político. No obstante, esta configuración legislativa se compadece con el mandato en virtud del cual los poderes públicos deben "garantiza[r] el derecho de todos a la educación mediante la programación general de la enseñanza" (art. 27.5 CE), responde a la previsión de que "inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes" (art. 27.8 CE), y, por lo que aquí más interesa, encuentra su justificación en la finalidad que ha sido constitucionalmente atribuida a la educación y al sistema diseñado para el desarrollo de la acción en la que ésta consiste, que "tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales" (art. 27.2 CE). La educación a la que todos tienen derecho y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia no se contrae, por tanto, a un proceso de mera transmisión de conocimientos [cfr. art. 2.1 h) LOE], sino que aspira a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos [cfr. art. 2.1 a) LOE] y comprende la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural [cfr. art. 2.1 d) y k) LOE] en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros [cfr. art. 2.1 b), c) LOE]. Lamento la autocita pero avise de que las interpretaciones que den cada vez más peso al estado en detrimento del concedido a los padres crecerían sin freno con la LOE. El estado no es sólo garante sino educador ¿qué mejor garante que el propio educador? El estado podría vigilar si la educación que los padres eligen, en colegios o no, es o no conforme a la constitución y podría ofrecer un modelo a quien quisiera someterse a sus técnicos en pedagogía, pero ha optado por la vía del educador obligatorio y sus jueces se aplican con denuedo en la tarea de apalear al disidente. ¿Dónde están los estudios que muestran que la escolarización es el mejor sistema para que todos los niños alcancen ese cacareado pleno desarrollo de la personalidad humana y su bondad cívica? En ningún sitio porque no existen.

b) Este objetivo, complejo y plural, es el que, conforme al art. 27.2 CE (La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.), ha de perseguir el legislador y el resto de los poderes públicos a la hora de configurar el sistema de enseñanza dirigido a garantizar el derecho de todos a la educación, y el mandato de su consecución es el principio constitucional al que sirve la imposición normativa del deber de escolarización en el marco de la enseñanza básica obligatoria (arts. 9.2 LOCE y 4.2 LOE). Un principio, por lo demás, que no solo opera como directriz que la Constitución impone a los poderes públicos, y muy singularmente al legislador (arts. 27.2, 4, 5 y 8 CE), sino que integra el contenido de la dimensión prestacional del derecho de los niños a la educación (art. 27.1 CE). Incluso en el caso de que la decisión de los padres de no escolarizar a sus hijos pretendiera ampararse en el ejercicio del derecho reconocido en el art. 27.3 CE, la imposición normativa del deber de escolarización y la garantía jurisdiccional de su efectividad encontrarían justificación constitucional en el mandato dirigido a los poderes públicos por el art. 27.2 CE y en el derecho a la educación que el art. 27.1 CE reconoce a todos, incluidos los hijos de los ahora recurrentes en amparo (STC 260/1994, de 3 de octubre, FJ 2 in fine). Vuelta la mula al trigo ¿dónde están los estudios científicos que muestren con una evidencia decente que la escolarización es el mejor método para que todos los niños y en todas las situaciones en las que se encuentran logren ese "complejo y plural objetivo? En ningún sitio porque no existen ¿Con qué detalle puede alguien fijar ese o definir ese objetivo en una sociedad dizque pluralista? En una sociedad tal, con poco. ¿Se basan las imposiciones estatales en este campo en evidencias científicas? No.

Vamos con el punto 8:

b) Por lo que respecta, en segundo término, a la necesidad de la medida, en la demanda se aduce, sin embargo, que la imposición de "la escolarización obligatoria como sinónimo de enseñanza obligatoria no supera el juicio de indispensabilidadad", toda vez que "del análisis de las legislaciones de países de nuestro entorno sociocultural se deduce claramente que existen reglas que permiten conciliar, de mejor manera, los distintos intereses en juego. Medidas que, sin descartar la opción educativa del homeschooling", o enseñanza en el propio hogar, "establecen controles periódicos sobre la evaluación formativa del niño así como un seguimiento de los contenidos que se transmiten". Acaso pudiera convenirse en que esta medida alternativa, consistente en sustituir la obligación de escolarización por el establecimiento de controles administrativos sobre los contenidos de la enseñanza dispensada a los niños en el domicilio y de evaluaciones periódicas de los resultados efectivamente obtenidos desde la perspectiva de su formación, constituye un medio menos restrictivo que la imposición del deber de escolarización de cara a la satisfacción de la finalidad consistente en garantizar una adecuada transmisión de conocimientos a los alumnos. Sin embargo, según hemos indicado ésta no es la única finalidad que deben perseguir los poderes públicos a la hora de configurar el sistema educativo en general y la enseñanza básica en particular, que han de servir también a la garantía del libre desarrollo de la personalidad individual en el marco de una sociedad democrática y a la formación de ciudadanos respetuosos con los principios democráticos de convivencia y con los derechos y libertades fundamentales, una finalidad ésta que se ve satisfecha más eficazmente mediante un modelo de enseñanza básica en el que el contacto con la sociedad plural y con los diversos y heterogéneos elementos que la integran, lejos de tener lugar de manera puramente ocasional y fragmentaria, forma parte de la experiencia cotidiana que facilita la escolarización. En definitiva, la medida propuesta como alternativa en la demanda de amparo quizás resulte menos restrictiva desde la perspectiva del derecho de los padres reconocido en el art. 27.3 CE, pero en modo alguno resulta igualmente eficaz en punto a la satisfacción del mandato que la Constitución dirige a los poderes públicos en el art. 27.2 CE y que constituye, al tiempo, el contenido del derecho a la educación reconocido en el art. 27.1 CE. Por lo demás, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la apreciación de que estos objetivos no pueden "ser satisfechos en la misma medida por la educación en el propio domicilio, incluso en el caso de que ésta permitiera a los niños la adquisición del mismo nivel de conocimientos que proporciona la educación primaria escolar ... no es errónea y que cae dentro del margen de apreciación que corresponde a los Estados signatarios en relación con el establecimiento y la interpretación de las normas concernientes a sus correspondientes sistemas educativos" (caso Konrad v. Alemania, Decisión de admisibilidad de 11 de septiembre de 2006, núm. 35504-2003). Erre que erre. Aunque permitan el homeschooling en otros países, los bárbaros extranjeros son, sin duda, más primitivos, eso es porque no viven en el mejor de los mundos posibles como nosotros ¿en qué estudios se basa esa apreciación? En ninguno porque no existen. Y como no hay evidencias ni en un signo ni en otro parecería lógico dejar libertad. Pero los juristas de prestigio ya dejan claro en el punto 8c a que se reduce la libertad de enseñanza de los padres: (la escolarización obligatoria) "no impide a éstos (los padres) influir en la educación de sus hijos, y ello tanto fuera como dentro de la escuela: dentro de ella porque los poderes públicos siguen siendo destinatarios del deber de tener en cuenta las convicciones religiosas particulares, y también fuera de ella porque los padres continúan siendo libres para educar a sus hijos después del horario escolar y durante los fines de semana, de modo que el derecho de los padres a educar a sus hijos de conformidad con sus convicciones morales y religiosas no resulta completamente desconocido. ¡¡¡Loados sean los estados plurinacionales y democráticos de derecho que nos dejan los fines de semana para charlar con nuestros hijos sin necesidad de cristales protectores ni vigilancias policiales y no "desconocen completamente" nuestra libertad de enseñanza!!!. Nuestros jurístas de prestigio acaban así para terminar de cubrirse de...gloria:


9. La Constitución española no prohíbe al legislador democrático configurar la enseñanza básica obligatoria (art. 27.4 CE) como un periodo de escolarización de duración determinada (cfr. arts. 9.2 LOCE y 4.2 LOE) durante el cual quede excluida la opción de los padres de enseñar a sus hijos en su propio domicilio en lugar de proceder a escolarizarlos. Según se ha comprobado, (je, je, je...) esa configuración legislativa no afecta en el caso presente a los derechos constitucionales de los padres (art. 27.1 y 3 CE), e incluso en el caso de que así lo hiciera habría de considerarse una medida proporcionada que encuentra justificación en la satisfacción de otros principios y derechos constitucionales (art. 27.1 y 2 CE). Con todo, ésta no es una opción que venga en todo caso requerida por la propia Constitución que, efectivamente, no consagra directamente el deber de escolarización, ni mucho menos otros aspectos más concretos de su régimen jurídico como, por ejemplo, la duración del periodo sobre el que ha de proyectarse o las circunstancias excepcionales en las que dicho deber pueda ser dispensado o verse satisfecho mediante un régimen especial. Quiere ello decir que, a la vista del art. 27 CE, no cabe excluir otras opciones legislativas que incorporen una cierta flexibilidad al sistema educativo y, en particular, a la enseñanza básica, sin que ello permita dejar de dar satisfacción a la finalidad que ha de presidir su configuración normativa (art. 27.2 CE) así como a otros de sus elementos ya definidos por la propia Constitución (art. 27.4, 5 y 8 CE). Sin embargo, la de cuáles deban ser los rasgos de esa regulación alternativa del régimen de la enseñanza básica obligatoria para resultar conforme a la Constitución es una cuestión cuyo esclarecimiento en abstracto excede las funciones propias de este Tribunal Constitucional, que no debe erigirse en un legislador positivo.

Bien, parece ser que la Constitución no impone la escolarización obligatoria, ¡hurra!, luego podríamos vivir en el mundo sin el sistema de escolarización obligatoria sin necesidad de cambiar la Constitución -lo que demuestra que esta Constitución puede ser mejor que algunos de sus interpretes-. Pero, según los juristas de prestigio, la Constitución sí permite la educación obligatoria y es, por lo tanto, legítima pues es una medida que no limita desproporcionadamente otras libertades educativas.


La verdad es que los incultos en la materia del derecho, entre los que me encuentro, siempre habíamos pensado que estados de derecho se basaban en que la carga de la prueba para restringir derechos debía aportarla el poder mientras que los pobres ciudadanos individuales podríamos hacer todo lo que la constitución permitiese. Esto es, si el estado quiere restringir mi derecho a la libertad educativa debe demostrar que yo lo hago mal si elijo lo que a sus técnicos no les gusta, pero ya veo que estaba equivocado. El estado es el que necesita la defensa y la carga de la prueba la deben poner los individuos que, siempre sospechosos, siempre presuntos culpables, quieren escapar de la manada. Está claro que estaba equivocado. Átense los machos los discrepantes de las teorías pedagógicas de moda, empezando, por ejemplo, por los que defienden como posibilidad una educación diferenciada.



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